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Seguramente no todos tenemos abuelos en nuestro núcleo familiar pero con seguridad, la mayoría lo llegaremos a ser. A continuación, encontrará un estudio completo de la Ley 1850 de 2017 y la protección para el adulto mayor, en su relación con el marco normativo existente en materia penal, civil y programas asistenciales.

Reseña normativa

La política de protección del adulto mayor en Colombia inició formalmente mediante la promulgación de la Ley 1276 de 2009,  a través de la cual se crearon los Centros Vida, encargados de asegurar la atención integral de los adultos mayores de niveles I y II de Sisbén o quienes previa evaluación socioeconómica, requieran ser beneficiarios de este programa.

A fin de desarrollar y mejorar los servicios y las condiciones mínimas de los adultos mayores prestadas en las instituciones de protección, fue promulgada la Ley 1315 del 2009, conforme a la cual, se especifica la calidad de los centros de protección en tres categorías: (i) Centros de Protección Social para el Adulto Mayor, los cuales ofrece servicio de hospedaje de manera temporal o transitoria (ii) Centros de Día para Adulto Mayor, presta sus servicios de horas diurnas y (iii) Instituciones de Atención.

De allí que frente a los Centros de Protección la Ley 1850 de 2017, que establece nuevas medidas de protección al adulto mayor, se señale el deber de que estos sean acogidos en dichos Centros, en los casos que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar como medida de protección y prevención. A continuación, se destacan los aspectos relevantes de la Ley en estudio.

¿Cuál es la protección del adulto mayor, en materia penal?

La ley en estudio modifica los artículos 229 y 230 del Código Penal (Ley 599 de 2000). En lo referido al Delito de violencia intrafamiliar, se establece como agravante si la violencia se realiza en contra de persona adulta mayor de 60 años, reduciendo la edad que antes se fijaba en 65 años. Y el delito de maltrato mediante restricción de la libertad, incluye al cuidador, como sujeto activo de la conducta punible.

Del mismo modo, la Ley 1850 de 2017, crea el artículo 229A por medio del cual, se tipifica el delito de maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. La conducta punible consiste en generar afectación en las necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud de adulto mayor de 60 años. La pena imputable será de 4 a 8 años y la imposición de multa de 1 a 5 SMLMV.

De igual manera, consagra el abandono de adulto mayor como causal de cancelación de permisos de funcionamiento o de conceptos favorables de las instituciones de cuidado, además de multa de 20 SMLMV.

¿Quién es la autoridad competente frente a los Derechos a los alimentos de los adultos mayores?

Sobre el derecho a los alimentos la Ley 1850 de 2017, adiciona el artículo 34A a la Ley 1251 de 2008, aclarando que los mismos deben ser suministrados por quienes señala el artículo 411 del Código Civil. Sin embargo, esta norma le otorga la competencia a las Comisarias de Familia para asumir los casos de incumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de los adultos mayores, quienes deberán practicar la audiencia de conciliación, en caso de no acuerdo, fijarán cuota provisional y tienen la obligación de remitir el expediente al Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien será competente y oficiado para presentar demanda de alimentos ante el Juez de Familia.

¿Cuáles programas de asistencia crea la Ley 1850 de 2017?

Con la promulgación de la presente norma se crean las Granjas para adultos mayores, los cuales serán albergues, que prestarán los servicios de alimentación, recreación, cuidado y capacitación en materia agrícola, pecuaria, silvícola y ambiental, en favor de los adultos mayores que hayan sido víctimas de abandono, descuido, violencia intrafamiliar o hechos similares que pudieren poner en riesgo su integridad física o moral.

Los recursos económicos para cubrir dichas granjas, será designado del presupuesto designado al gasto social, así mismo, entidades como la DIAN o la Fiscalía General de la Nación, pueden destinar bienes muebles e inmuebles, recibidos por concepto de obligaciones tributarias o procesos de extinción de dominio según corresponda, con el propósito de apoyar la operación de las mencionadas Granjas.

La implementación de este programa de asistencia corresponderá a el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y el Consejo Superior de uso de Suelo, el Instituto del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas Entidades dentro de los seis (6) meses siguientes de la entrada en vigor de la Ley 1850 de 2017, deberán diseñar los lineamientos que permitan la ejecución del programa.

¿La Ley 1850 de 2017, faculta a las entidades al cobro coactivo por obligaciones alimentarias?

Frente a servicios que impliquen una asistencia alimentaria a adultos mayores que hayan sufrido de abandono, descuido o violencia intrafamiliar, que conlleven la generación de un gasto que el Estado solvente, señala este nuevo ordenamiento la facultad por parte de las entidades de individualizar al titular o quienes tengan la obligación legal de brindar dicha asistencia alimentaria, para lo cual se adelantará la celebración de contrato de transacción o acto administrativo, que debe determinar la suma dineraria en favor de la entidad. Posterior, la entidad deberá iniciar el procedimiento administrativo de cobro coactivo que asegure el recaudo de dichas sumas de dinero, las cuales serán destinadas a brindar asistencia a los adultos de la tercera edad.

 

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